La Fiscalía ordenó la detención momentánea de cuatro militares investigados por el asesinato del policía Froilán Jiménez, durante el operativo para sacar del hospital de la Policía al entonces presidente Rafael Correa, en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

Los uniformados, que habían acudido este martes antes de las 07:00 para rendir su versión en el caso, debieron permanecer retenidos durante ocho horas. La decisión se tomó porque los oficiales Vicente Nájera, Gilmar Acurio, Luis Dávila y Wilson Reina no asistieron el pasado 30 de agosto a la Fiscalía de Pichincha a rendir su versión dentro de la investigación. En un boletín de prensa, el Ejército precisó que ellos no acudieron al llamado previo debido a que están acantonados en cuarteles lejanos a la capital ecuatoriana, por lo que era necesario coordinar la logística para su movilización.

La hermana del policía asesinado, Sandra Jiménez, expresó al fin de la audiencia de esta mañana que tras declaraciones de uno de los cuatro sospechosos se enteraron que se perdió el arma que posiblemente mató a Froilán Jiménez. Ella lamentó que uno de ellos diga que su fusil de dotación se perdió, pero si embargo no existe ninguna denuncia de pérdida de fusil.

Consideró inaudito que este caso siga en investigación previa tras 8 años.

El general Luis Eduardo Zaldumbide, inspector general y jefe del Estado mayor de la fuerza terrestre, habló al inicio de la diligencia que se desarrolló desde las 08:00 hasta las 13:30. Agregó que no recuerda quien autorizó la operación de rescate.

A Froilán Jiménez, del GIR, lo mató un armamento de calibre 5,46 de uso militar. De acuerdo al oficial este tipo de armamento no solo lo utiliza personal militar, “es un calibre que se utiliza a nivel mundial. Si la justicia considera que es culpable se realizarán los procedimientos administrativos y judiciales pertinentes”.

A la diligencia también llegaron los padres y hermanos del fallecido Jiménez con el abogado, quien indicó que los servidores militares tendrán que dar los nombre y apellidos de los altos mandos institucionales, “inclusive de las personas que dispusieron el uso de este tipo de municiones de guerra”.

De acuerdo al fiscal Fabián Salazar, encargado del caso, el retraso de la investigación se debe a que se han buscado todos los argumentos para no sustanciar de manera errónea en el proceso. (I)